En defensa de los investigadores científicos («La República, 11/11/1984)

Eran tiempos en los que se intensificó la emigración de científicos. Carlos Bustamante ya había partido a Berkeley…

Escribe Modesto Montoya

Los científicos han recibido de los estados y naciones diferentes tratamientos a lo largo
de la historia. Con el tiempo, la importancia de la ciencia en el desarrollo de los países ha
producido un creciente interés de las organizaciones nacionales e internacionales, en los
problemas relativos a los investigadores científicos. Aún cuando en el Perú se está
pensando, por intermedio del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)
en otorgar a los investigadores científicos un estatus adecuado, existe un abandono casi
completo de estos que para defender sus derechos comienzan, ellos mismos, a
implementar organizaciones de carácter reivindicativo.

En lo que se refiere a los diferentes tratamientos de los científicos, podemos citar como
por ejemplo extremadamente negativo el caso del célebre físico, matemático y astrónomo
italiano Galileo Galilei (1564 – 1642), quien por sostener que la tierra gira en torno al
Sol, fue denunciado como herético y encerrado en las cárceles de la inquisición.

Un caso contrario al anterior se dio en Napoleón Bonaparte (1769 – 1821), quien se
convirtió en el protector de la ciencia en Francia. Así, el matemático Gaspar Monge y el
químico Claude Berthollet, recibieron salarios 5 veces superiores al de los profesores
universitarios, recibiendo luego una responsabilidad nominal de una “senaduría”,
duplicándoles el salario. El más reconocido fue el matemático Pierre Simon de Laplace,
quien fue nombrado presidente del Senado. Las medidas tomadas por Napoleón no sólo
favorecieron a los científicos notables, sino que se otorgaron una serie de subvenciones
que fueron gozadas por generaciones nuevas de científicos. Actualmente, a pesar de que
Francia atraviesa por una austeridad global, el gobierno presidido por Francois Miterrand
otorga a la investigación un tratamiento favorable: mientras que el presupuesto global de
1985 aumentará en 3 %, el correspondiente a la investigación y tecnología tendrá un
aumento de 5.5 %. Además, mientras que en los otros ministerios se piensa suprimir 5
500 puestos de empleo, en el ministerio de Ciencia y Tecnología se crearán 600 puestos.
Vemos pues, el empleo de un país que trata de defender la ciencia a lo largo de su historia.

A nivel internacional se ha tomado conciencia que los investigadores científicos deben
tener un tratamiento especial. Así, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su XVIII reunión celebrada en París en
1974, emitió un documento titulado “Recomendación relativa a la situación de los
investigadores científicos”.

En el documento de la UNESCO arriba mencionado, se reconoce “que un personal
inteligente y capacitado constituye la piedra angular de la capacidad de un país para la
investigación y el desarrollo experimental y es indispensable para utilizar y explorar las
investigaciones realizadas en otras partes”. Por otro lado, en ese documento se expresa el
convencimiento “de que la nación gubernamental puede favorecer de manera
considerable la creación de condiciones que estimulen y presten ayuda a la capacidad
nacional para realizar actividades de investigación y desarrollo experimental con una más
clara conciencia de las obligaciones que entrañan respecto del hombre y de su medio”.

La UNESCO recomienda a los países miembros ofrecer a los jóvenes calificados
suficiente atracción por la profesión y suficiente confianza en la labor de la investigación
científica y desarrollo experimental como carrera que ofrece perspectivas razonables y un
grado equitativo de seguridad, para mantener una renovación constante y adecuada del
personal científico y tecnológico de la nación.

La UNESCO hace notar asimismo que debe ofrecerse alicientes para que aquellos que se
especializaron en el extranjero vuelvan a su país de origen, recomendándose que se
establezcan procedimientos de evaluación de los científicos en función de sus
desempeños y sus títulos universitarios, a fin de permitirles en forma justa acceder a
funciones de responsabilidad.

Una de las recomendaciones que más llama la atención es la de “reconocer que es
legítimo, e incluso conveniente, que los investigadores científicos se asocien para
promover y proteger sus intereses individuales y colectivos, en órganos tales como
asociaciones sindicales, profesionales y científicas”, añadiendo que “en todos los casos
que sea necesario para proteger los derechos de los investigadores científicos, esas
organizaciones tendrán derecho de apoyar las reclamaciones justificadas de tales
trabajadores”.

Para confrontar lo recomendado con la realidad en el Perú cabe tomar el ejemplo del
Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) que, por la acción de sus técnicos
profesionales y científicos ha inducido al gobierno a nombrar una comisión de alto nivel
para evaluar su funcionamiento. Esta comisión presidida por el Ing. Mario Samamé
Boggio, tiene la responsabilidad de estudiar las causas que impiden el normal
desenvolvimiento de la actividad científica y tecnológica de esa institución, promover los
cambios en su estructura y organización, así como los dispositivos legales que faciliten y
actualicen su desarrollo futuro en beneficio del país.

En el IPEN, contrariamente a lo recomendado por la UNESCO, no existe un
procedimiento para evaluar a los investigadores. La alta dirección está conformada por
personal no científico. Los salarios están entre los más bajos del Perú. Las autoridades
han tratado de impedir la organización de asociaciones de carácter sindical y dificultado
el funcionamiento de la asociación de profesionales nucleares del IPEN. Es más, cuando
el personal del IPEN, sin ninguna experiencia sindical, realizó manifestaciones de
protesta contra la mencionada situación, las autoridades despidieron cinco trabajadores
entre los que se encontraban un físico nuclear, un ingeniero químico especialista en
radiotrazadores nucleares y dos técnicos nucleares especializados.

Conociendo la amplia experiencia de los integrantes de la comisión de alto nivel que
analiza el problema del IPEN, es de esperar que el resultado de su trabajo será el inicio
de un análisis global de la problemática de la ciencia y tecnología en el Perú. No se
pretende las prerrogativas dadas por Napoleón Bonaparte a los científicos de su época ni
se afirma que estamos en los tiempos de Galileo; pero debe exigirse que el estado dicte
medidas tomando en cuenta las recomendaciones de la UNESCO y los intereses
nacionales, que nos permita creer que estamos en un país moderno que tiene expectativas
en su desarrollo científico tecnológico. No todos los resultados serán ciertamente
observados a corto plazo, pero todo gobierno debe asumir su responsabilidad histórica
para dictar medidas que garanticen un futuro diferente al que se prevé por falta de cambios
sustanciales en la política científico-tecnológica del país.