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El Perú atraviesa una situación social, económica e institucional que debería preocuparnos profundamente. No se trata solo de una crisis coyuntural ni de un problema pasajero. Estamos frente a una tendencia peligrosa que, si no se corrige, puede llevar al país a una condición de atraso estructural difícil de revertir.
Según el INEI, en 2023 la pobreza monetaria afectó al 29,0 % de la población peruana. A ello debe añadirse la población en situación de vulnerabilidad monetaria, es decir, aquella que no es pobre en el momento de la medición, pero que puede caer en la pobreza ante una enfermedad, la pérdida del empleo, una crisis familiar o una subida de precios. Sumadas ambas condiciones, alrededor del 60 % de los peruanos vive entre la pobreza y la vulnerabilidad.
Ese dato debería estremecer a cualquier gobierno responsable. Significa que millones de compatriotas viven al límite. Trabajan, sobreviven, resisten, pero no tienen garantizado un futuro estable. La pobreza no es solo falta de ingresos; es también falta de oportunidades, de seguridad, de educación de calidad, de atención adecuada de salud y de confianza en el porvenir.
A esa realidad se suma una cifra aún más dolorosa: en 2023, el 43,1 % de los niños de 6 a 35 meses padeció anemia, según el INEI. Un país con casi la mitad de sus niños pequeños afectados por anemia está comprometiendo su propio futuro. La anemia afecta el desarrollo físico, cognitivo y emocional. No se trata solamente de un problema de salud pública; es una mutilación silenciosa de las capacidades nacionales. Un país que permite que sus niños crezcan debilitados está renunciando, desde la infancia, a construir una nación moderna.
Mientras tanto, la delincuencia continúa deteriorando la vida cotidiana. Las extorsiones se han convertido en una amenaza para comerciantes, transportistas, empresarios, trabajadores y familias. La inseguridad no solo mata y destruye vidas; también paraliza inversiones, encarece la producción, debilita el empleo y reduce la confianza en el Estado. Cuando una familia, un pequeño empresario o un transportista debe pagar cupos para sobrevivir, el país entero retrocede.
En medio de este panorama, la minería sigue siendo una de las principales columnas que sostienen la economía peruana. La minería formal genera exportaciones, divisas, empleo directo e indirecto, recursos fiscales y actividad económica en varias regiones. Incluso la minería informal, pese a sus graves impactos ambientales, sociales y legales, mueve economías locales que el Estado no ha sabido integrar a una ruta productiva ordenada. Sin minería, formal o informal, la situación económica y social del Perú sería mucho peor.
Pero esa misma realidad demuestra algo fundamental: la minería no es suficiente. Exportar minerales nos permite sobrevivir, pero no nos garantiza el desarrollo. El Perú vende recursos naturales, pero compra tecnología, maquinaria, conocimiento, patentes, medicamentos, equipos médicos, software y bienes industriales de alto valor agregado. Esa diferencia explica por qué seguimos siendo un país dependiente.
Los países que hoy son potencias no llegaron a esa condición únicamente explotando recursos naturales. Lo hicieron invirtiendo de manera sostenida en educación, ciencia, tecnología, industria, innovación y formación de talento humano. Apostaron por universidades fuertes, institutos de investigación, empresas tecnológicas, laboratorios, patentes y una articulación real entre Estado, academia y sector productivo. En el Perú, lamentablemente, eso no se está haciendo con la urgencia ni con la escala necesarias.
Con frecuencia se señala al Estado como responsable de todos los males. En parte, es cierto. Pero conviene precisar qué tipo de Estado tenemos. El Estado peruano está dirigido, en gran medida, por personas formadas y dedicadas al militantismo político, la administración burocrática, el discurso ideológico o la defensa de intereses sectoriales. Sociólogos, economistas, abogados, militares, policías, comunicadores y operadores políticos ocupan posiciones decisivas. Algunos incluso adoptan símbolos o distintivos propios de los ingenieros, como si el problema del país pudiera resolverse con apariencias y no con conocimiento productivo real.
El resultado es un Estado que muchas veces habla de desarrollo, pero no sabe producirlo. Un Estado que administra presupuestos, pero no construye capacidades. Un Estado que reparte cargos, pero no organiza talento. Un Estado que discute ideologías, pero no genera tecnología.
Al mismo tiempo, las grandes empresas y los bancos sí tienen representación efectiva. La tienen a través de partidos, intermediarios, operadores y redes de influencia que defienden sus intereses particulares. En cambio, las fuerzas productivas vinculadas al conocimiento —científicos, ingenieros, tecnólogos, investigadores, innovadores, docentes, inventores, emprendedores industriales— carecen de una representación política proporcional a su importancia estratégica.
Esa ausencia es grave. Si el Estado no promueve el sector que produce conocimiento, tecnología e innovación, el país seguirá dependiendo de la exportación de materias primas y de la importación de soluciones extranjeras. Los talentos continuarán partiendo al exterior, no por falta de amor al Perú, sino porque el país no les ofrece condiciones para desarrollarse. Cada joven brillante que se va sin posibilidad de retorno productivo es una pérdida para la nación.
Por eso, los talentos peruanos no deberían limitarse a buscar oportunidades fuera del país. También deben participar en política, intervenir en el debate público, organizarse y contribuir a diseñar políticas de Estado. Y quienes ya están en el extranjero pueden cumplir un papel decisivo mediante redes de colaboración con sus pares en el Perú. Hay países cuya diáspora científica, tecnológica y empresarial ha sido crucial para su desarrollo. El Perú puede y debe seguir ese ejemplo.
Necesitamos una nueva representación nacional de las fuerzas productivas y del conocimiento. No basta con tener técnicos aislados en oficinas públicas. Se requiere una visión de Estado orientada a producir, investigar, industrializar, innovar y educar. Un Estado que entienda que la riqueza del siglo XXI no se encuentra solo bajo tierra, sino también en los cerebros de sus ciudadanos.
En suma, urge construir un Estado administrado por gente que sepa producir por experiencia propia, no solo por personas que repiten lo que han leído bajo lentes ideológicos. El Perú necesita menos retórica y más conocimiento aplicado; menos reparto de cargos y más formación de capacidades; menos improvisación y más ciencia, tecnología e industria.
Si no hacemos ese cambio, el país seguirá avanzando en la dirección actual: pobreza persistente, infancia debilitada, inseguridad creciente, dependencia económica y fuga de talentos. Entonces el Perú no solo perderá oportunidades. Podría acercarse peligrosamente a un agujero negro de la historia: ese lugar al que caen las naciones que no supieron transformar sus recursos, su gente y su inteligencia en desarrollo verdadero.