El llamado “milagro económico” de los años noventa en el Perú suele presentarse únicamente a través de cifras macroeconómicas: control de la inflación, estabilidad monetaria y crecimiento del PBI. Sin embargo, detrás de esos indicadores quedó una realidad mucho más compleja y dolorosa para millones de peruanos, especialmente en las zonas rurales.
Es cierto que el país salió de la hiperinflación y del colapso económico heredado de finales de los años ochenta. Pero también es cierto que el nuevo modelo económico no resolvió las profundas desigualdades históricas del Perú. Mientras Lima y algunos sectores vinculados a exportaciones y servicios crecían, amplias regiones rurales continuaban atrapadas en pobreza, abandono estatal y falta de oportunidades.
La pobreza rural siguió siendo dramáticamente alta durante toda la década. En muchas provincias del Ande y de la Amazonía persistieron viviendas precarias, escuelas sin equipamiento, postas médicas deficientes y ausencia de infraestructura productiva. Miles de familias sobrevivían con agricultura de subsistencia, mientras el Estado reducía su papel en planificación y desarrollo territorial.
A ello se sumó un fenómeno que pocas veces se menciona con suficiente claridad: el crecimiento abrupto de la informalidad laboral. El empleo formal no avanzó al mismo ritmo que el crecimiento económico. Millones de personas terminaron trabajando sin estabilidad, sin derechos laborales, sin seguro de salud y sin pensión. El “recurseo” cotidiano se convirtió en la principal estrategia de supervivencia para una gran parte de la población.
La informalidad no apareció por casualidad. Fue el resultado de un modelo que priorizó la flexibilización laboral y dejó al mercado la tarea de resolver problemas estructurales que requerían políticas de Estado de largo plazo. El país creció, pero gran parte de ese crecimiento descansó sobre trabajadores desprotegidos y pequeñas economías de subsistencia.
A ello se añadió otro problema de enorme impacto histórico: el progresivo abandono de la educación pública. Aunque la educación privada existía desde mucho antes, durante los años noventa el Estado dejó de asumir plenamente la educación pública como eje estratégico para construir ciudadanía, movilidad social y desarrollo nacional. La infraestructura educativa pública avanzó lentamente, los laboratorios y bibliotecas fueron insuficientes, los salarios docentes perdieron atractivo y millones de jóvenes recibieron una formación limitada para enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo.
Como consecuencia, enormes sectores de la población quedaron sin acceso a una educación de calidad que les permitiera obtener empleos decorosamente remunerados. Muchos jóvenes ingresaron a trabajos precarios, informales o de baja productividad no por falta de esfuerzo personal, sino porque el país no construyó un sistema educativo capaz de desarrollar plenamente sus capacidades.
Mientras otros países fortalecían sus universidades públicas, institutos tecnológicos y sistemas nacionales de ciencia y tecnología, el Perú consolidaba un modelo basado principalmente en actividades extractivas y de bajo valor agregado. El resultado fue una economía con crecimiento, pero con limitada capacidad para generar empleo calificado y desarrollo industrial sostenible.
Por eso, evaluar los años noventa únicamente desde el control de la inflación conduce a una visión incompleta de la historia reciente. La verdadera pregunta no es solo si creció la economía, sino quiénes se beneficiaron de ese crecimiento y qué tipo de país se construyó.
Un país no puede considerarse plenamente exitoso si millones de ciudadanos deben sobrevivir en informalidad permanente, si las regiones rurales continúan alejadas de servicios básicos y si la educación pública deja de ser el gran instrumento nacional de igualdad de oportunidades.
Es cierto que la venta de las empresas permitió ingresos para algunas medidas populistas que tuvieron impacto pasajero.
Sí, existe bastante consenso en que las privatizaciones de empresas estatales durante los años noventa generaron ingresos extraordinarios para el Estado peruano, y parte de esos recursos ayudó a financiar programas sociales, obras públicas y medidas de impacto político inmediato.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori se privatizaron numerosas empresas públicas de telecomunicaciones, energía, minería, transporte y otros sectores. Eso produjo miles de millones de dólares en ingresos y también atrajo inversión privada.
Una parte de esos recursos se utilizó para:
- estabilización económica,
- pago de obligaciones del Estado,
- infraestructura,
- programas sociales focalizados,
- expansión de servicios básicos en algunas zonas,
- y políticas de alto impacto político y mediático.
Sin embargo, muchos analistas señalan que esos ingresos tenían un carácter excepcional y no permanente. Es decir, provenían de la venta de activos públicos acumulados durante décadas, no de una transformación estructural de la capacidad productiva nacional.
Por ello se critica que:
- no se aprovechó suficientemente ese período para impulsar industrialización, ciencia y tecnología, educación pública de alta calidad o diversificación productiva;
- varias políticas tuvieron efectos temporales sobre consumo y popularidad política;
- y después de agotarse los ingresos extraordinarios persistieron problemas estructurales como informalidad, desigualdad regional y baja productividad.
También existe debate sobre el balance general de las privatizaciones:
- algunos destacan mejoras en servicios como telecomunicaciones y estabilidad macroeconómica;
- otros cuestionan la forma en que se realizaron ciertos procesos, la concentración económica posterior y la insuficiente reinversión social de esos recursos.
En términos históricos, puede decirse que las privatizaciones dieron un alivio fiscal importante y permitieron financiar acciones de impacto inmediato, pero no resolvieron los problemas estructurales del desarrollo peruano.
Añade eso, que si se hizo obras es porque se vendió las joyas de la abuela.
El llamado “milagro económico” de los años noventa en el Perú suele presentarse únicamente a través de cifras macroeconómicas: control de la inflación, estabilidad monetaria y crecimiento del PBI. Sin embargo, detrás de esos indicadores quedó una realidad mucho más compleja y dolorosa para millones de peruanos, especialmente en las zonas rurales.
Es cierto que el país salió de la hiperinflación y del colapso económico heredado de finales de los años ochenta. Pero también es cierto que el nuevo modelo económico no resolvió las profundas desigualdades históricas del Perú. Mientras Lima y algunos sectores vinculados a exportaciones y servicios crecían, amplias regiones rurales continuaban atrapadas en pobreza, abandono estatal y falta de oportunidades.
La pobreza rural siguió siendo dramáticamente alta durante toda la década. En muchas provincias del Ande y de la Amazonía persistieron viviendas precarias, escuelas sin equipamiento, postas médicas deficientes y ausencia de infraestructura productiva. Miles de familias sobrevivían con agricultura de subsistencia, mientras el Estado reducía su papel en planificación y desarrollo territorial.
A ello se sumó un fenómeno que pocas veces se menciona con suficiente claridad: el crecimiento abrupto de la informalidad laboral. El empleo formal no avanzó al mismo ritmo que el crecimiento económico. Millones de personas terminaron trabajando sin estabilidad, sin derechos laborales, sin seguro de salud y sin pensión. El “recurseo” cotidiano se convirtió en la principal estrategia de supervivencia para una gran parte de la población.
La informalidad no apareció por casualidad. Fue el resultado de un modelo que priorizó la flexibilización laboral y dejó al mercado la tarea de resolver problemas estructurales que requerían políticas de Estado de largo plazo. El país creció, pero gran parte de ese crecimiento descansó sobre trabajadores desprotegidos y pequeñas economías de subsistencia.
A ello se añadió otro problema de enorme impacto histórico: el progresivo abandono de la educación pública. Aunque la educación privada existía desde mucho antes, durante los años noventa el Estado dejó de asumir plenamente la educación pública como eje estratégico para construir ciudadanía, movilidad social y desarrollo nacional. La infraestructura educativa pública avanzó lentamente, los laboratorios y bibliotecas fueron insuficientes, los salarios docentes perdieron atractivo y millones de jóvenes recibieron una formación limitada para enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo.
Como consecuencia, enormes sectores de la población quedaron sin acceso a una educación de calidad que les permitiera obtener empleos decorosamente remunerados. Muchos jóvenes ingresaron a trabajos precarios, informales o de baja productividad no por falta de esfuerzo personal, sino porque el país no construyó un sistema educativo capaz de desarrollar plenamente sus capacidades.
Es verdad que durante los años noventa se realizaron obras y programas sociales que tuvieron impacto visible en distintos lugares del país. Pero también debe decirse con claridad que gran parte de esos recursos provinieron de la venta de empresas públicas estratégicas. En términos coloquiales, se hicieron muchas obras porque el Estado “vendió las joyas de la abuela”. Es decir, utilizó recursos extraordinarios obtenidos por la privatización de activos construidos durante décadas.
El problema es que esos ingresos no eran permanentes. Una vez vendidas las empresas, el país necesitaba construir nuevas bases de desarrollo sostenido: educación pública de calidad, ciencia y tecnología, industrialización, innovación y empleo formal. Sin embargo, esos pilares no recibieron la prioridad necesaria.
Mientras otros países fortalecían sus universidades públicas, institutos tecnológicos y sistemas nacionales de ciencia y tecnología, el Perú consolidaba un modelo basado principalmente en actividades extractivas y de bajo valor agregado. El resultado fue una economía con crecimiento, pero con limitada capacidad para generar empleo calificado y desarrollo industrial sostenible.
Por eso, evaluar los años noventa únicamente desde el control de la inflación conduce a una visión incompleta de la historia reciente. La verdadera pregunta no es solo si creció la economía, sino quiénes se beneficiaron de ese crecimiento y qué tipo de país se construyó.
Un país no puede considerarse plenamente exitoso si millones de ciudadanos deben sobrevivir en informalidad permanente, si las regiones rurales continúan alejadas de servicios básicos y si la educación pública deja de ser el gran instrumento nacional de igualdad de oportunidades.