La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha dejado sin efecto el actual proceso de ratificación docente mediante la Resolución de Consejo Universitario N.° 0654-2026-UNI del 21 de mayo de 2026, reconociendo la necesidad de elaborar una versión corregida del reglamento y un nuevo calendario, “a fin de asegurar que la reprogramación no afecte los derechos de los docentes ni la institucionalidad de la universidad”. La decisión abre una oportunidad importante para reflexionar sobre el verdadero sentido de la evaluación universitaria. El debate no debería limitarse a formatos, puntajes o trámites administrativos. La pregunta de fondo es otra: ¿qué universidad necesita el Perú?
La Ley Universitaria establece claramente que la universidad debe contribuir al desarrollo nacional, promover la investigación científica y tecnológica, formar profesionales de alta calidad y servir a la comunidad. El Perú sigue siendo principalmente un país exportador de materias primas, con baja industrialización, limitada producción tecnológica y escasa inversión en investigación.
Además, existe otro aspecto fundamental: es también interés de los estudiantes egresar de una universidad que asciende en los rankings universitarios nacionales e internacionales. El prestigio académico de la universidad influye directamente en las oportunidades profesionales, científicas y laborales de sus egresados.
Por ello, un reglamento de evaluación docente debería valorar especialmente las actividades que contribuyen a elevar el nivel científico y tecnológico de la universidad y su posicionamiento internacional.
Asimismo, existe un principio elemental de justicia institucional: un reglamento de evaluación docente no puede entrar en vigencia y aplicarse prácticamente de inmediato al mismo proceso de ratificación. Mucho menos cuando el cambio ocurre pocos meses antes de elecciones de autoridades universitarias.
Las reglas de evaluación deben ser previsibles y aplicarse con períodos razonables de adecuación. Un docente universitario organiza su trayectoria académica durante años o décadas; no puede reconstruirla en pocas semanas porque cambiaron las ponderaciones o los criterios.
La anulación del actual proceso puede convertirse en una oportunidad histórica para construir un reglamento verdaderamente alineado con los fines de la universidad y con las necesidades del desarrollo nacional.
La pregunta no es solamente cómo evaluar docentes. La verdadera pregunta es: ¿qué tipo de universidad quiere construir el Perú?