La Contraloría General de la República ha concluido que la Sunedu incurrió en irregularidades al no reconocer al rector interino elegido por la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Mientras tanto, el Congreso organiza audiencias sin mayor trascendencia ni impacto real en la solución del problema.
En medio de esta controversia, hay un hecho indiscutible: la única institución con competencia para tomar la decisión final es el Poder Judicial. Sin embargo, la lentitud con la que aborda este caso muestra la pérdida de interés por la educación estatal que se ha instalado en el Perú.
La UNI es una institución nacional estratégica. Sin embargo, el Poder Judicial trata este asunto con la misma parsimonia que casos de menor relevancia nacional.
El descuido hacia las universidades públicas —y en especial hacia la UNI— es una de las raíces de nuestros problemas estructurales. El desempleo, la pobreza y el aumento de la delincuencia están vinculados, en parte, al debilitamiento histórico de la educación superior estatal. En el caso de la UNI, esta pérdida de prestigio no se debe a su comunidad académica, sino a factores externos y decisiones políticas que son de conocimiento público.
Por ello, resulta imprescindible exigir que el Poder Judicial actúe con la urgencia y seriedad que el caso demanda.
Esas «conclusiones» de ese informe de la CGR debe haber sido redactado por egresados de la UCV sin títulos profesionales aún, donde no existen órganos de gobierno. Desconocen que una asamblea universitaria no tiene atribuciones para elegir autoridades universitarias.
Definitivamente, es indispensable que la CGR tenga un equipo que conozca al revés y al derecho la ley universitaria y capacite al personal que tenga que emitir los diversos informes de su competencia; de lo contrario, tendremos informes que no son otra cosa que MAMARRACHOS DE CONTROL.