El estado de emergencia en Lima expone las limitaciones de una política basada en la fuerza. Todos anhelamos vivir en seguridad. Desafortunadamente, con más de 13 millones de habitantes y 2,672 km² de extensión, la capital no puede ser controlada por patrullas. Puede mitigar leve y pasajeramente la criminalidad. La solución es a largo plazo mediante educación, empleo e innovación. Pero en eso, poco se piensa.
Lima vive nuevamente bajo estado de emergencia. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas patrullan las calles para “proteger” a la ciudadanía. Sin embargo, basta un cálculo sencillo para comprender que esta medida no resolverá el problema de fondo: la capital se extiende por más de 50 kilómetros a lo largo de la costa y abarca unos 2,672 km², con una población que supera los 13 millones de habitantes. ¿Con cuántos efectivos se puede cubrir semejante territorio? Ni siquiera desplegando decenas de miles de policías y militares se lograría vigilar cada barrio, calle o esquina.
El primer día del estado de emergencia ya se registraron 6 muertos, incluyendo un oficial de policía. Ello demuestra que la militarización de la ciudad no disuade necesariamente a los delincuentes, y que la violencia puede escalar cuando el Estado sustituye la prevención y la inteligencia por la fuerza. En teoría, la medida permite intervenir zonas críticas y detener a sospechosos. Pero ¿eso es legal sin orden judicial? ¿Existen cárceles suficientes para albergar a los detenidos? Las prisiones del país ya están hacinadas, y la falta de debido proceso abre la puerta a más injusticias que soluciones.
Más que una política de seguridad, el estado de emergencia parece una respuesta efectista, diseñada para transmitir sensación de acción ante la opinión pública, aunque su eficacia sea mínima o incluso contraproducente. La delincuencia no se combate con patrullas y fusiles, sino con políticas sostenidas de educación, empleo e innovación. Y el impacto se ve en por lo menos una década.
Los países que superaron crisis similares —como Colombia, Corea del Sur o Singapur— apostaron por formar a sus jóvenes, desarrollar tecnología y crear oportunidades reales. En el Perú, en cambio, millones de jóvenes viven sin empleo o atrapados en la informalidad. Un sistema que condena a tantos al desempleo y la frustración no puede sostenerse indefinidamente.
Las teorías de la “destrucción creativa”, que explican cómo las nuevas ideas sustituyen a las viejas generando desarrollo, solo funcionan cuando el Estado promueve educación científica y tecnológica, innovación empresarial y movilidad social. Sin esas condiciones, la violencia se convierte en la única salida visible para quienes se sienten excluidos.
Además, prohibir las manifestaciones en nombre de la seguridad es como cerrar una olla a presión: el vapor social se acumula hasta que estalla. La historia reciente de América Latina y Europa muestra que reprimir la protesta solo agrava los conflictos.
El estado de emergencia en Lima no resolverá la delincuencia. Solo posterga, con más miedo y desconfianza, el debate que el país necesita: cómo construir una sociedad donde la juventud tenga educación, trabajo y esperanza. Esa es la verdadera seguridad ciudadana.
Lo reiteramos «Sin Ciencia no hay futuro»