Una madre trabaja con sus dos menores hijos.
Al recorrer las estaciones del Metro de Lima, salta a la vista el trato desigual que se da al comercio ambulatorio según la zona de la ciudad. Un ejemplo elocuente de esta desigualdad se puede ver al comparar la estación Benavides, en Miraflores, con la estación UNI, en el Rímac. Mientras en Benavides el número de fiscalizadores municipales es casi igual al de comerciantes informales que persiguen, en la estación UNI el número de ambulantes es igual a la suma de los dos (ambulantes y fiscalizadores en la estación Benavides).
Si llevamos este razonamiento al absurdo, la única manera de reducir sustancialmente el comercio ambulatorio sería contratando a la mitad de los propios ambulantes como fiscalizadores. ¿Solución real o ironía cruel? Lo cierto es que el problema no se resuelve simplemente con vigilancia, sino con una política pública que incluya alternativas reales: acceso a espacios formales, financiamiento, capacitación y, sobre todo, voluntad política para entender la informalidad no como un crimen, sino como un síntoma de exclusión.
Seguir persiguiendo a los ambulantes en unos distritos y tolerándolos —o incluso ignorándolos— en otros, solo perpetúa la desigualdad y revela un sesgo. Si el Estado quisiera recuperar el orden en los espacios públicos, debe empezar por ofrecer justicia y oportunidades, no solo policías y decomisos.