La rebelión de científicos nucleares de 1984

 Libro “Los secretos de Huarangal” *

Capítulo 2: Núcleos activados

Una tarde de setiembre me encontraba en la UNI realizando gestiones para iniciar la maestría en química nuclear con la Facultad de Ciencias, en el marco del convenio entre el IPEN y la UNI. No era fácil lograr el acuerdo del Consejo de Facultad de Ciencias. Había cierto recelo por los asuntos relacionados con el IPEN. Con la UNI, el IPEN ha venido ofreciendo programas de Maestría, en energía nuclear, diseñados para que profesionales de diversas disciplinas aprendan las técnicas nucleares, útiles en sus diversas especialidades.

Una de las críticas que hacían los profesores de la Facultad de Ciencias de la UNI era la falta de tesis realizadas por los alumnos que habían seguido las maestrías de energía nuclear. En verdad, estos profesionales, en su mayoría trabajan en el IPEN. Algunos se preguntaban qué ganaba la Universidad trabajando de esa forma con el IPEN. Esa tarde, otro era el tema de preocupación de los profesores: la marcha en demanda de rentas para  la Universidad.

El rector de la UNI, el filósofo José Ignacio López Soria, encabeza una marcha demandando rentas para la Universidad. Las autoridades de la Universidad portan la bandera peruana como un manto expuesto al cielo. Cada una de ellas toma un borde de la bandera. La marcha se acerca al Fuerte Rímac.

En realidad, con los recursos que recibe del Estado no se podía hacer funcionar la Universidad. A la falta de laboratorios se añadía la ausencia de los profesores para consultas de los alumnos. Al término de cada clase, ellos salen corriendo de las aulas para completar la olla en cuanto sitio puedan. Los alumnos se quedan prácticamente sin profesor. Las remuneraciones de los empleados universitarios es equivalente a una propina.

Cuando los manifestantes están a punto de entrar a Caquetá, los «pinochitos» entran con todo. Lanzan potentes chorros de agua y se inicia el desbande que termina como siempre: los profesores y alumnos perseguidos por los policías de asalto se dispersan y las calles quedan mojadas.

Después de convencer a algunos profesores miembros del Consejo de Facultad de Ciencias de la UNI, sobre la importancia del Magister en Química Nuclear, vuelvo a San Borja. El auto avanza lentamente en la congestión vehicular del centro de Lima. Cerca de las cuatro cruzo la puerta enrejada del IPEN. Noto que los guardias están tensos. Todos miran al local prefabricado que sirve de cafetería, el que estaba repleto de trabajadores del IPEN, quienes se han constituido en Asamblea General.

Corriendo hacia el automóvil viene el arequipeño Jorge Rodríguez, un ingeniero químico, joven, pero con amplia experiencia en radiofármacos. Modesto, dice, tienes que apoyar, la Asamblea ha acordado publicar un comunicado en «El Comercio», necesitamos ir en el acto antes del cierre. Subió al automóvil.

En el camino, Jorge me contó los pormenores de lo sucedido. Los reclamos de los trabajadores eran provocados básicamente por dos situaciones extremas. Primero, era por los sueldos irrisorios que tenían los profesionales altamente especializados. Uno podía tener los grados académicos más elevados imaginables y la experiencia tan grande que fuera posible, pero el sueldo no pasaba de ciento cincuenta dólares, lo que apenas servía para comer, y mal.

Otra situación que empujaba al descontento era la división de los miembros del IPEN en personal militar y personal civil.

Los militares controlaban todos los mecanismos de decisión, si se puede llamar así a los puestos de dirección del IPEN, el que, en principio, es un instituto científico tecnológico.

Todos sabemos que las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas tienen deficiencias en los campos de ciencias e ingeniería. No es raro, si se tiene en cuenta el tipo de selección que se hace para ingresar a esas escuelas y el tipo de formación que se imparte. De estas escuelas, no se puede pedir que salga un brillante científico o ingeniero. Las Fuerzas Armadas, desafortunadamente, no se han modernizado, siguen con sus sistemas de ingreso que corresponden a tiempos superados. Lo que menos importa es el esfuerzo intelectual. A pesar de ello, el IPEN, siendo un instituto científico civil, era controlado por militares, quienes tenían los puestos claves.

Los oficiales estaban bajo el régimen de remuneraciones y privilegios de los institutos armados, no tenían las mismas preocupaciones que los civiles.

Por otro lado, el tema de las becas o viajes de servicios, que es de gran valor para todos los que trabajan el IPEN, se utilizaba en forma discriminatoria. Los ingenieros y científicos universitarios viajaban bajo la etiqueta de “capacitandos”, mientras que los militares viajaban en calidad de “participantes” del proyecto de construcción del Centro Nuclear de Investigaciones del Perú. Los más favorecidos eran los que iban en calidad de «funcionarios». Esa diferencia, en la práctica, significaba una tremenda brecha entre los ingresos económicos de civiles y militares, respectivamente. A ello se añadía el hecho que cuando salía un militar en viaje al extranjero, el IPEN tenía que pagarle las escalas determinadas por el Comando Conjunto para oficiales en misión oficial, que eran muy superiores a los viáticos de los civiles.

Los civiles científicos e ingenieros mal pagados y sin ninguna expectativa en su carrera profesional, protestaron. Los militares reaccionaron como tales, respondiendo a la formación en la Escuela Militar.

Los militares mismos estaban divididos entre los de la Marina y los del Ejército. Los marinos, en minoría, con su arrogancia entrenada y mal ubicada en un centro científico, se sentían postergados por el férreo control que ejercía el Presidente del IPEN, el General de Brigada E.P. (r) Juan Barreda Delgado.

La Ley Orgánica del IPEN se prestaba para el establecimiento de un verticalismo, el que se aplicaba en el lugar menos adecuado: un centro de investigación científica y tecnológica.

Parecía que cada vez que llegaba un oficial se creaba una dirección. Era necesario otorgar un puesto a un militar. No podía caber la posibilidad que un oficial comenzara como investigador de planta. En cierta forma, el IPEN se había convertido en el único bastión militar que había sobrevivido después de la dictadura militar de la década de los 70.

Llegamos al local de «El Comercio» cuando ya cerraba. Entramos. Jorge no traía el dinero para pagar el aviso. Tras las rejas de la puerta esperábamos a los colegas que venían de San Borja con lo que deberían haber reunido. Jorge estaba sumamente tenso, porque no llegaba el mensajero de San Borja y las posibilidades para publicar el aviso se querían esfumar. En la espera me contaba los pormenores de la Asamblea, en la que todos habían volcado sus frustraciones y su impotencia por cambiar las cosas. Los más acalorados pidieron la renuncia del Gral. Barreda y todos consintieron que debía ser así porque el descontento era total. Según la Ley Orgánica del IPEN, el presidente decidía todo. El resto del personal, sea directivo o no, daba su opinión sobre cualquier aspecto, pero el que tomaba la decisión final siempre era el Gral. Barreda.

Jorge era extrovertido, luchaba por sus ideas sin reservas. Ello inspiraba confianza. Mientras seguía contando sobre la forma cómo se llevó a cabo la Asamblea, sus ojos se tornaban más vivos, se agitaban, y su rostro parecía revivir minuto a minuto los eventos de esa tarde en el IPEN. De ello surgiría un período que aparentaba un cambio total. Algunos tuvieron la sensación de que la situación era más profunda que un simple reclamo de condiciones de trabajo. Que éstas eran requeridas como condición para desarrollar la ciencia y la tecnología en el país. Este pensamiento nacía naturalmente por la experiencia que se ha vivido en los países con un alto avance científico y tecnológico, donde los investigadores son incentivados, cuidados y protegidos. En esos países, la carrera de cada científico responde a una producción de publicaciones en revistas del mayor prestigio posible. En el IPEN no era así. Los niveles profesionales y técnicos adquiridos no respondían precisamente al nivel académico ni producción científica.

El tema de las becas también se presentaba en los reclamos. Algunas veces la adjudicación de las becas no respondía a un criterio académico. Por ejemplo, las becas para estudiar en el Centro Atómico Balseiro de Bariloche, Argentina, caían mayormente en oficiales del Ejército que, ya en Bariloche, obtenían los naturales resultados negativos, siendo regresados a Lima. Pero no era ningún problema para ellos porque recibían significativas remuneraciones por estar en misión oficial, como corresponde a todo oficial del Ejército.

De modo que podría decirse que la movilización que se realizó ese año era una cosa incubada por la política de personal del IPEN liderado por el Gral. Juan Barreda Delgado.

EL aviso salió publicado el día 09 de setiembre en el diario «El Comercio» causando una conmoción. Los organizadores se exponían a severas sanciones. Por asuntos infinitamente más pequeños que eso había habido graves llamadas de atención y renuncias, causando bajas en el número de científicos y profesionales.

Se recordaba que, anteriormente, la sola alusión a lo negativo significa dejar irse a profesionales formados en el IPEN, en el boletín interno de la Asociación de Profesionales Nucleares (APN) del IPEN, causó problemas graves en las tensas relaciones con el Gral. Barreda.

La situación se ponía difícil. Los trabajadores del IPEN se encontraban dispuestos a cambiar la historia nuclear del país. Sólo algunos, que nunca faltan, adulaban y obedecían fielmente las órdenes militares, por sentirse cómodos en ella o por tener miedo a lo desconocido.

El Sindicato Único de Empleados y la Asociación de Profesionales Nucleares del IPEN convocaron a una urgente asamblea, donde tuve la oportunidad de escuchar los más delirantes discursos en defensa de la tecnología nuclear del país. Hubo incluso un juramento de todos los asistentes a la Asamblea de renunciar en bloque en caso de expulsión de alguno de los colegas.

Para acelerar el proceso conducente a grandes cambios, se decidió realizar una huelga, lo que atraería la atención de la prensa y por ende de la Opinión Pública.

Se escogió precisamente el día en que se preveía la visita al IPEN del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dependiente de las Naciones Unidas.

La prensa llegó. La televisión estuvo presente el día de la huelga. El físico Agustín Zúñiga, secretario general del Sindicato de Empleados, quien tuvo el valor de defender públicamente la posición de los trabajadores, estaba allí, detrás de la enorme puerta alambrada del local de San Borja. Una reportera del canal 2 de televisión lo entrevistó desde el exterior. Agustín, sumamente tenso, respondía con apasionamiento las preguntas de la reportera.

Ese día se frustró la visita del Director General del OIEA a San Borja. Los trabajadores del IPEN abrigaban esperanzas de cambio. Al otro día, cuando llegamos como de costumbre al IPEN, la policía no dejó entrar a cinco trabajadores. Entre los expulsados se encontraba Agustín Urcia -un técnico electrónico con amplia experiencia- Carmen Poma, una técnica química nuclear, el ingeniero químico Juan Arellano, el que hacía el rol de fotógrafo de las manifestaciones, la secretaria Esther Cárdenas y Modesto Montoya.

El Gral. Barreda había escogido bien a los chivos expiatorios. Los cinco despedidos tenían menos de tres años y tres meses de trabajo, por lo que no era necesario ninguna causa para despedirlos. Esa situación era gracias a la inestabilidad laboral sellada en las leyes en el Gobierno de Fernando Belaunde.

Durante los días siguientes frente al IPEN conversaba con los colegas y seguía los acontecimientos desde afuera del IPEN.

Algunas renuncias presentadas para ser usadas según lo acordado en la Asamblea fueron entregadas al presidente de la APN, el Dr. Aurelio Arbildo -un joven ingeniero que había realizado sus estudios, becado por el IPEN, en la Universidad de New Mexico, Estados Unidos- quien junto con Agustín hacían las “negociaciones de alto nivel”. Después de esas negociaciones vinieron a informarme en tono de consulta que el Gral. Barreda estaba dispuesto a aceptar el regreso de cuatro personas con la condición de que el nombre de Modesto Montoya no se encuentre en la lista de afortunados. Eso me convenció que  los ipenianos, el asunto no era tan profundo como yo creía.

Acompañado por Agustín Zúñiga, cobré el cheque que corresponde a los despedidos y firmé el recibo que significaba la aceptación del despido.

En realidad, el despido no lo era para dañar a Modesto Montoya. Este era una advertencia contra todos los que quedaban en el IPEN, tras el alambrado que rodeaba el local. Allí, los civiles enterraban sus anhelos de ver un instituto modelo en el campo de la ciencia y la tecnología, y se resignaron a ocupar sus puestos bien codificados por los directivos militares, esperando alguna mejora salarial.

El Gobierno de Belaunde, como reconociendo la incapacidad de los asesores del Ministerio de Energía y Minas para afrontar el problema, por Resolución Suprema No. 287-84-EM/VM del 31 de octubre de 1984 formó una Comisión de Alto Nivel, para “evaluar la labor desarrollada por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, estudiar las causas que impiden el normal desenvolvimiento de su actividad científica y tecnológica y promover los cambios en su estructura y organización, así como los dispositivos legales que faciliten y actualicen su desarrollo futuro en beneficio del país”.

Esta Comisión se instaló el día 6 de noviembre. Merece conocerse algunos párrafos del informe. Se reconoce que al encargar el estudio de las “… causas que impiden su normal desenvolvimiento”, la resolución implícitamente asume la existencia de problemas. Los problemas inmediatos, que seguramente motivaron la creación de la Comisión, fueron aquellos suscitados por comunicados y cartas abiertas en los diarios nacionales, suscritos por los trabajadores y profesionales del IPEN como una de sus acciones en relación a la huelga declarada por estos en los meses de Setiembre y octubre”.

La Comisión, después de un profundo análisis, opinó que “no se puede pensar en lograr los objetivos nacionales sin tener una decena o más de profesionales capacitados al más Alto Nivel en las diferentes disciplinas relacionadas.  Se necesita personal con conocimientos de frontera, capaz de recibir los conocimientos necesarios por complejos y avanzados que sean.  Deben ser capaces de innovar y descubrir, en los casos que la transferencia de conocimiento no sea posible por el celo de los países que la poseen en proporcionarlos a otros.  Deben tener todas las cualidades requeridas para un investigador y haber hecho investigación reconocida (único diploma que garantiza su condición de poseer conocimientos de frontera)”. “La preparación de un elemento humano de esta naturaleza demanda por lo menos diez años que incluyan 4 o 5 años de post grado en una universidad de un país desarrollado y más de 5 años de experiencia en centro de investigación también en el extranjero.  Lo que se tiene en mente es un científico o técnico que haya recibido un título de Ph.D. o equivalente en una Universidad de prestigio internacional y que haya efectuado ya trabajos de investigación reconocidos y de iniciativa propia.  Esto significa que se debe estar planeando y ejecutando hoy para nuestras necesidades dentro de diez años.

No se ve en el avance del IPEN esfuerzos suficientes en este sentido, y los esfuerzos hechos en el pasado han sido frustrados por la deserción de los elementos potenciales hacia mejores condiciones de trabajo y remuneraciones, en muchos casos al extranjero”.

“El problema de remuneraciones para este personal de alto nivel se agrava aún más con relación a lo mencionado para el personal especializado.  Personal científico o técnico al nivel descrito goza de un mercado internacional y la única manera de retenerlo es ofreciéndole condiciones competitivas como lo que podría percibir en el extranjero.”

“La legislación existente que afecta al IPEN como organismo público descentralizado impide pagar remuneraciones competitivas aún a nivel nacional, con mayor razón a nivel internacional.”

“El problema fundamental radica en la imposibilidad que sufre el IPEN en ofrecer remuneraciones competitivas que le permitan mantener su personal calificado y que ofrezcan los incentivos suficientes para que los jóvenes universitarios y profesionales con ambiciones científicas y de superación profesional escojan las ciencias y tecnologías nucleares para hacer carrera y al IPEN como su futuro centro de trabajo.  A manera de ejemplo se puede mencionar que un físico con grado de Doctorado de Estado otorgado por la Universidad de París XI, con 3 años de experiencia, ganaba en noviembre de 1984 el equivalente a 150 dólares al mes.”

“Se debe recalcar, una vez más, que el logro de los objetivos trazados no es posible sin el elemento humano requerido en ambos niveles.  Especializado y de Alto Nivel. Persistir en la construcción de la infraestructura física sin la contraparte de personal, no significa un avance parcial hacia una meta, significa la construcción de “elefantes blancos” en el estricto sentido de la expresión.”

“En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas, la Comisión opinó que, el IPEN necesariamente tendrá que ser una entidad civil. La participación de las Fuerzas Armadas puede implementarse a través de su directorio estableciendo programas, proyectos y políticas que estén de acuerdo con los objetivos de defensa a través de la ejecución de proyectos especiales por parte de IPEN por iniciativa y financiación de las Fuerzas Armadas, con la participación en la ejecución de los proyectos y la participación de estos en los programas de capacitación.”

“La participación de oficiales de las Fuerzas Armadas como destacados del IPEN en la ejecución de cualquiera de los proyectos en ejecución por el IPEN es una forma de capacitación técnica del personal militar de carrera o como forma de aprovechar del elemento militar altamente calificado. Pero cabe mencionar que será muy importante normalizar la jerarquización de este personal de acuerdo con su capacidad de aporte independientemente de su rango militar para evitar las fricciones con el personal estable y civil.  No se debe ignorar los problemas suscitados por la forma de participación actual que ha motivado el resentimiento del personal civil manifestado en muchas de las comunicaciones públicas del personal profesional en huelga.”

“Aparte de la posibilidad de capacitación en el trabajo ya mencionado, el IPEN ha ofrecido y ofrecerá en el futuro cursos de capacitación en diferentes disciplinas científico técnicas que podrán ser aprovechadas por las Fuerzas Armadas en la capacitación técnica de su personal de carrera.”

* «Los secretos de Huarangal», Modesto Montoya, Ediciones Ceprecyt, Lima, 1995.