Hay una evidente correlación entre el porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) que los países invierten en ciencia, tecnología e innovación (CTI) y el nivel de bienestar económico que alcanzan. El promedio mundial de inversión en CTI es del orden del 1 % del PBI, mientras que los países desarrollados, en promedio, superan el 2 %. El Perú, en contraste, apenas invierte alrededor del 0,1 % del PBI y, para sostener su economía, depende fundamentalmente de la exportación de minerales.
Una idea clara del nivel de pobreza estructural del país y de la escasa esperanza en el futuro la expresa el hecho de que cerca del 43 % de los niños padezcan anemia. Otros indicadores de esa situación es la creciente emigración de jóvenes y el alarmante aumento de la delincuencia.
La baja inversión en CTI en el Perú se explica, en gran medida, porque los gobernantes privilegian la ejecución de “obras” visibles, susceptibles de ser inauguradas y capitalizadas políticamente. La inversión en CTI, en cambio, es altamente rentable, pero sus resultados se manifiestan en el mediano y largo plazo.
El elemento motor de todo sistema de CTI son los investigadores. Es indispensable formarlos y, luego, dotarlos de los recursos necesarios para que investiguen y contribuyan a resolver los problemas nacionales. En el Perú, sin embargo, se les trata de tal manera que los jóvenes talentos sueñan con partir al extranjero. El país termina ayudando generosamente a las naciones desarrolladas: otorga becas para doctorados en universidades de élite, pero cerca del 99 % de los becarios se queda en los países donde estudió. Es como un mendigo que regala oro en polvo a un millonario.
Incluso muchos de los becados por el Estado en universidades peruanas emigran y no regresan, salvo aquellos que, por diversas razones, no logran incorporarse a los países que los buscan como aguja en un pajar.
¿Cómo salir de esta espiral?
Para responder, es necesario considerar algunos aspectos de la economía global. Las empresas privadas, nacionales o internacionales, que buscan invertir con altas tasas de retorno eligen países que cuentan con una masa crítica de científicos, ingenieros y técnicos. De ello se desprende que todo país que aspire al desarrollo debe invertir en educación científica y tecnológica, asegurarse de disponer de universidades bien equipadas y ofrecer remuneraciones competitivas a sus investigadores.
De este modo, el país estará en condiciones de engancharse en proyectos de alto valor agregado impulsados por esas empresas. Un ejemplo emblemático es el entorno del MIT, alrededor del cual se han instalado algunas de las empresas tecnológicas más competitivas del mundo. Si no se crean estos “nidos de talento”, solo llegarán empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, lo que no es suficiente para frenar el deslizamiento al colapso.
Por su parte, el Estado enfrenta problemas nacionales que solo pueden resolverse mediante CTI, en particular en salud y alimentación, ámbitos que afectan a las mayorías que no han tenido acceso a una educación de calidad y no pueden ofrecer servicios bien remunerados. Ante la escasez de recursos, producto del histórico abandono del sector CTI, el Estado debe priorizar la inversión en ciencia y tecnología en función de esos desafíos. Ello requiere información articulada de todos los sectores, a través de sus respectivos ministros.
Es en el Consejo de Ministros donde deben definirse las prioridades nacionales y asignarse los presupuestos necesarios para enfrentar los problemas identificados. Esta lógica conduce de manera natural a la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), que reciba directamente el encargo político del Consejo de Ministros y cuente con la infraestructura física y humana necesaria para cumplir su misión.
En este marco, resulta razonable que los Institutos Públicos de Investigación se articulen —o se integren— en un gran Centro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, conformado por investigadores calificados, encargado de resolver los problemas que le plantee el MCTI. No se excluye la participación de empresas privadas ni de universidades, la cual debe darse mediante contratos claros y apropiados.
La clave del éxito de este modelo es contar con investigadores altamente calificados tanto en los institutos públicos como en las universidades. Para ello, es imprescindible reformar y fortalecer la Ley de la Carrera del Investigador en CTI, de modo que permita atraer talento, retenerlo y promover la excelencia.
Asimismo, para impulsar la innovación, en las universidades tecnológicas deben crearse doctorados orientados a patentes, es decir, que una patente concedida pueda equivaler a una tesis doctoral. En el caso de las ciencias básicas, el equivalente natural debe ser la publicación de un artículo en una revista de alto impacto.
No se trata de una propuesta aislada ni extravagante. Políticas similares han sido aplicadas en China y Corea del Sur, que en los años 60 eran extremadamente pobres y hoy son potencias. Además, países de la región han avanzado recientemente en esta dirección. Chile creó su Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en 2018, y Colombia hizo lo propio en 2019, reconociendo que la CTI requiere conducción política al más alto nivel del Estado.
Este texto resume una propuesta que venimos presentando de manera sostenida desde hace más de tres décadas en el marco del Encuentro Científico Internacional.