Franz Kafka imaginó en El proceso una justicia absurda, laberíntica, sin lógica ni salida, donde el ciudadano queda atrapado en trámites interminables y decisiones arbitrarias. En el Perú, ese mundo kafkiano no es una metáfora literaria: es la descripción exacta de cómo funciona nuestra justicia y, por extensión, de cómo se toman —o se bloquean— las decisiones públicas.
En la Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo, centenares, si no miles de egresados, no ven reconocidos sus diplomas porque la SUNEDU no reconoce la elección de autoridades, aduciendo que no fue de acuerdo a la Ley Universitaria. Se entrecruzan denuncias, pero los afectados son los egresados que nada tienen que ver con el embrollo. A nadie fuera de ellos parece preocupar el problema.
Aquí, cuando una autoridad dispone algo, lo esperable no ocurre. No se ejecuta, no se implementa, no se evalúa. Sucede lo contrario: los que se sienten afectados denuncian a la autoridad, recurren a instancias superiores, paralizan la medida y, finalmente, todo termina en un Tribunal Constitucional acusado de obedecer al Congreso. El Estado avanza a paso de tortuga, mientras los expedientes se mueven a velocidad de abogado.
Y quienes más ganan son justamente los abogados. Los privados cobran centenares de miles de soles por tomar un caso. Las remuneraciones de los abogados estatales pueden llegar a ser cuarenta veces superiores al salario mínimo, decididos muchas veces por ellos mismos si están en el TC. Una justicia lenta, caprichosa y caótica produce inevitablemente un país que también es lento, caprichoso y caótico.
El Perú está atrapado en un fango laberíntico: medidas cautelares, denuncias penales sin sustento, acciones populares politizadas y recursos que llegan al TC frenan cualquier avance. El resultado es predecible: autoridades que no quieren decidir, proyectos que no avanzan, inversión que retrocede y un país que pierde competitividad.
Para salir del laberinto se requiere una reforma urgente del sistema de justicia, incorporando herramientas modernas —entre ellas, la inteligencia artificial— que permitan decisiones más rápidas, consistentes y transparentes. En China, por ejemplo, los tribunales utilizan IA para “advertir” al juez cuando una decisión se desvía de los precedentes registrados en una base centralizada.
Si no se reforma el sistema judicial, el Perú seguirá empantanado, y los recursos para sectores vulnerables o estratégicos —salud, educación, ciencia y tecnología— serán cada vez más precarios. En suma: el país avanzará, sí, pero por la pendiente en la que se encuentra: rumbo al despeñadero.
No solo el sistema judicial necesita de la IA, todo el aparato estatal, incluida la UNI
La «Gestión pública» tal como la conocemos los usuarios de a pie ( el pueblo) nunca ha funcionado ni en tiempo ni en el espacio. Sin embargo esta clase de » GESTIÓN» a la que le debemos tanta hambre e injusticia, es requerida como un requisito INDISPENSABLE para trabajar en el aparato estatal.
La IA deberia de llegar y hacerse sentir hasta el rincón más lejano del país.
La pregunta será ¿ a quién le encargamos implementar la IA en todo el país?. A nuestra » GESTIÓN PÚBLICA».