Desde los años noventa, el economista Alfonso López Chau emprendió un proyecto político personal al crear el partido Apertura, con el objetivo de postular a la Presidencia de la República. Ante el escaso éxito alcanzado en ese campo, adoptó una estrategia que pasaba por el rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
A partir de su elección como rector en el año 2021, la gestión priorizó actividades mediáticas, dejando de lado el fin esencial de la universidad: la investigación científica. La producción científica dejó de crecer y su posición en los rankings universitarios internacionales descendió estrepitosamente.
Durante las justas protestas del sur andino, la UNI abrió su campus a los manifestantes, con lo cual la exposición mediática del rector aumentó.
Cuando se aproximaba la elección de una nueva Asamblea Universitaria, la lista opositora al rector fue tachada, quedando su lista como única participante. Ante esa situación, la ONPE se negó a participar como entidad de apoyo. Así se configuró una asamblea alineada con la voluntad rectoral.
Ante la necesaria renuncia al rectorado para postular a la presidencia, la vicerrectora académica, Dra. Shirley Shilet, era la sucesora legal. Pero su posición era disidente. Entonces, se realizó un cambio en el estatuto, trasladando la facultad de elegir al nuevo rector al voto de la Asamblea Universitaria. Por la composición de esta, la vicerrectora no iba a ser elegida. En efecto, el escogido fue el Dr. Arturo Talledo.
La SUNEDU, al revisar el caso, determinó que la modificación estatutaria contravenía la Ley Universitaria N.º 30220. Por tanto, no reconoció al rector elegido por la Asamblea, sino a quien, según la SUNEDU, correspondía por ley y no por el nuevo estatuto. La consecuencia directa de este conflicto es que los diplomas y títulos firmados por la autoridad no son reconocidos por la SUNEDU, afectando gravemente a los egresados y truncando sus proyectos profesionales.
Frente a esta situación, la UNI denunció a funcionarios de la SUNEDU “por usurpación de funciones, nombramiento o aceptación ilegal de cargo, abuso de autoridad y los delitos que correspondan”, según informó el diario El Comercio. En realidad, también hay denuncias contra las autoridades no reconocidas por la SUNEDU. Se ha entablando un desgastante cruce de denuncias.
En suma, el resultado de este proceso ha sido desastroso: la imagen de la UNI se ha deteriorado, su producción científica se ha reducido y los diplomas firmados por el rector no son reconocidos por la SUNEDU.
Hoy la UNI atraviesa una de las peores crisis de su historia. Su prestigio —que durante décadas la colocó como faro del conocimiento en el país— se encuentra seriamente mellado.
La UNI es una institución esencial para el desarrollo del Perú, sobre todo en estos tiempos en los que es evidente la necesidad de ciencia, tecnología e innovación.
Ante esta situación, para mitigar el daño, la anunciada denuncia contra la SUNEDU ante el Ministerio Público, debe resolverse la controversia a la brevedad. No se puede condenar a los egresados a no ser reconocidos ni sumir a la UNI a un largo periodo de incertidumbre.
Por su lado, la comunidad universitaria tiene el deber de reorganizarse en torno a los principales fines que la ley le asigna: la investigación, la formación de excelencia y el servicio al país.
Solo así será posible recuperar el prestigio de la Universidad Nacional de Ingeniería y su contribución científica al servicio de la nación.
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Aun cuando no lo afirma, identifica como detonante de esta crisis la equivocada actuación de la SUNEDU al reconocer a la Dra. Shirley Chilet como Rectora de la UNI, sin ninguna credencial, tan solo por la unilateral interpretación de un estatuto antiguo por parte de la SUNEDU, y con este documento en mano la Dra. Shirley Chilet se convirtio en la primera rectora de la historia en ser designada por la SUNEDU.
Estamos de acuerdo en que la UNI debe ser tomada en serio, para muestra un botón, la facultad de ciencias, una de las facultades más prolija en la producción científica sufre los efectos de la desatención del gobierno central, debido al crecimiento del número de especialidades en la facultad no tienen el numero suficientes de aulas, para albergar a todos sus estudiantes, sin embargo, el gobierno central cada vez brinda menos recursos para atender estas necesidades. Los investigadores reclaman la compra de más instrumental para mejorar en los avances de las investigaciones y los recursos que destina el gobierno central a la investigación cada vez es menor.
Resulta tendenciosa la inferencia planteada: crisis política y resultados en los puestos en los rankings internacionales, los efectos no son inmediatos, los ranking que se publican hoy corresponden a datos de por lo menos un semestre o un año antes, ahora, si revisamos las fichas técnicas podremos observar los diferentes indicadores que utilizan para ubicar en el ranking a las universidades, tratar este tema de forma objetiva pasa por hacer un análisis de la ficha técnica, que lo animo a que pueda dar a conocer a través de sus publicaciones y desarrolle una serie de podcast que ayude a tomar conciencia de cómo abordar la mejora de estos indicadores y compartirla en la comunidad universitaria.
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Es completamente sesgada y con tendencia fanática la versión del Sr. Rubén Borja Rosales (RBR), militante del partido Ahora Nación. El no egresado de la UNI Alfonso López-Chau, engatusando con su discurso político a los jóvenes, llegó al rectorado en noviembre del 2021 para hacer trepanación política del cerebro de muchos miembros de la comunidad universitaria «invitando» a varios miembros de la comunidad universitaria a formar parte de ese partido, para hacerles creer que:
1) Autonomía universitaria = «hago lo que me da la regalada gana».
2) Decisión democrática = «todo se gana con votos» (aunque la decisión resulte al margen de la ley).
3) Procesos electorales = «Si premiamos a los miembros del comité electoral, tenemos todo el gobierno universitario controlado».
4) Derecho a la libre opinión = «si alguien opina en tu contra, lo sometemos al tribunal de honor para callarlo; a ellos también hay que pagarles».
En los más de 40 años que formo parte de la comunidad universitaria de la UNI desde alumno, jamás se vivió tanta tropelía política y daño moral al principal producto que producimos: PROFESIONALES DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CIENCIAS, que inclusive un egresado de la UNI que viene usurpando el cargo de rector, y que además cree que nadie conoce el art. 46 de la Constitución Política del Perú, atente contra su esencia, al extremo de no importarle, parafraseando a Keiko Fujimori, si se perjudican cien o mil egresados por no poder registrar sus grados y títulos en la SUNEDU.
Cuando se retorne a la legalidad más temprano que tarde, se hace urgente hacer una razzia a todos quienes llevaron a la UNI a esta situación tan desgraciada, que podría significar su cierre temporal o su intervención política designando una comisión externa de gobierno hasta restaurar la normalidad de su gobierno. Todo apunta que no se aprendió la lección de la toma de la UNI del año 2004.
Finalmente, nadie debe soslayar que el gran culpable de esta crisis, como autor intelectual y material, sometiendo a la asamblea universitaria como si la gran mayoría de miembros fueran carneros unos y focas que aplauden otros, es sin duda Alfonso López-Chau, quien más temprano que tarde tendrá que pagar no ante la historia, sino en un penal del INPE, todo el daño hecho durante su nefasto rectorado por su angurria geriátrica de querer ser presidente de la república, que afortunadamente no sucederá.
Sino, pregúntenle a su ex secretaria general (SG), cuyas declaraciones en contra de ALCH por su ilegal nombramiento como SG lo tienen con 5 dedos de los pies como seguro inquilino de un penal del INPE.