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En el Perú de hoy, donde el salario mínimo mensual es de apenas S/ 1,030, la presidenta de la República percibe una remuneración de S/ 35,568 al mes. Esta cifra equivale a más de 34 veces el sueldo mínimo. ¿Cómo justificar esta diferencia en un país marcado por la desigualdad y la precariedad laboral?
No se trata únicamente de una comparación técnica. En democracias sólidas, la legitimidad del poder se basa también en la percepción de justicia social. ¿Qué mensaje se transmite cuando la máxima autoridad del Estado gana en un mes lo que un trabajador formal apenas reuniría en casi tres años?
En Francia, por ejemplo, el presidente gana unas 9.6 veces el salario mínimo. En Uruguay, unas 22 veces. En Estados Unidos, 25 veces. En el Perú, esta relación de más de 34 veces se da en un contexto donde el PBI per cápita apenas supera los USD 7,000 y el índice de desigualdad (Gini) ronda el 0.44, uno de los más altos de América del Sur.
Lo más grave es que esta brecha no es solo numérica, sino simbólica: refleja el abismo entre el Estado y la ciudadanía. Mientras millones de peruanos enfrentan carencias básicas —educación, salud, vivienda—, las autoridades perciben ingresos que parecen insensibles frente a esa realidad.
La función pública no debe entenderse como un privilegio, sino como una vocación de servicio. Por eso, países con mayor equidad y desarrollo han establecido sueldos más equilibrados para sus presidentes, en relación con los ingresos promedio de sus pueblos.
No se propone aquí castigar el cargo presidencial, sino invitar a una reflexión nacional sobre la equidad y el ejemplo. En un país que busca justicia y desarrollo, la primera muestra de coherencia debe provenir de lo más alto del poder.
Porque cuando el salario del presidente es justo, el Estado también lo parece.