El “libre mercado” suele presentarse como un sistema neutral, en el que todos los actores compiten en igualdad de condiciones. Sin embargo, en la práctica, este modelo rara vez funciona así. En realidad, los países o corporaciones con mayor poder económico, tecnológico o militar son quienes definen las reglas del juego global, y lo hacen invocando los principios del libre mercado… siempre y cuando estos les favorezcan.
Cuando una potencia o un actor dominante goza de ventajas competitivas —por ejemplo, tecnologías más avanzadas, acceso privilegiado a recursos naturales o control sobre rutas comerciales— aboga con vehemencia por la eliminación de barreras comerciales, la desregulación y la apertura de mercados. Estas condiciones le permiten ampliar su influencia, colocar sus productos en todo el mundo y consolidar su hegemonía.
Pero si ese actor comienza a perder terreno —por ejemplo, frente a economías emergentes que ya no aceptan un rol subordinado— entonces su discurso cambia. Comienza a hablar de «protección de la industria nacional», impone aranceles, subvenciona sectores estratégicos y se vuelve, irónicamente, uno de los principales críticos del libre mercado que antes promovía.
Ejemplos sobran en la historia contemporánea. Estados Unidos, gran promotor del libre comercio durante décadas, ahora recurre a medidas proteccionistas cuando siente que su industria era amenazada por competidores como China. De igual manera, países que antes eran receptores pasivos de reglas económicas hoy impulsan nuevos bloques, acuerdos y modelos que desafían el discurso clásico del libre mercado.
En resumen, el libre mercado no es un principio inamovible, sino una herramienta de poder. Su defensa o su crítica dependen del lugar que se ocupa en la jerarquía económica mundial. Quien lidera el sistema lo defiende; quien comienza a perder su posición busca modificar las reglas. Así, el libre mercado se revela más como un campo de disputa que como una regla universal.