Cierre del ITINTEC y del Museo de Ciencias en el primer quinquenio de Fujimori

Promover ciencia y tecnología
Modesto MONTOYA
El Comercio. 140794. Nacional Opinión Nacional (A02)
 A cuatro años del Gobierno actual, es pertinente evaluar algunas acciones de promoción de la ciencia y la tecnología en el país. Ello permitirá entrever los planes que se manejan en las esferas del poder.
 Es conocido que la palabra tecnología fue usada por el Ing. Alberto Fujimori en la campaña electoral, la cual le fue favorable. Animada por ello, la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT) presentó una propuesta de proyecto de Ley para el investigador científico y tecnológico, la que tenía como objetivo impedir la emigración de ingenieros y científicos altamente calificados.
 Esa propuesta fue derivada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dirigido por el Ing. Carlos Chirinos. Después de numerosas consultas con instituciones científicas -las que se reunían regularmente para estudiar el tema, convocados por el presidente del CONCYTEC- se generó un documento final.
 Sin embargo, el CONCYTEC consideró que el asunto estaba englobado en el tema de la ciencia y la tecnología en general. En ese sentido, convocó a las instituciones estatales y privadas, así como a especialistas para elaborar un plan de política científica y tecnológica. Según recientes declaraciones del presidente del CONCYTEC, el plan ha sido propuesto al presidente de la República.
 En el proceso real, las cosas no iban tan bien. En los institutos de investigación se daban remuneraciones de 100 dólares y se disponía incentivos para que los investigadores científicos renuncien a los laboratorios. Algunos laboratorios -como los del ITINTEC- eran cerrados para reemplazarlos por oficinas burocráticas de control. Se clausuró el Museo de Ciencia y Tecnología «Castro Mendívil» que recibía innumerables visitas de escolares.
 Las universidades no contaron con recursos para equipar sus laboratorios y a los docentes universitarios se les condenó a sueldos simbólicos, que les obligaba a reducir su permanencia en la universidad para poder ejercer actividades complementarias. Esta realidad era perniciosa y convertía algunas acciones normalmente positivas en altamente desfavorables. Por ejemplo, si no se ofrecían las posibilidades de desarrollo, las becas que se daban a los egresados eran simplemente un boleto sin retorno.
 Por otro lado, en la primera versión de la Constitución -elaborada por el Congreso Constituyente Democrático- había sido eliminada toda alusión al apoyo a la ciencia y tecnología. La SOPECYT, considerando que ello significaba un grave peligro para el futuro de una actividad fundamental para el desarrollo, coordinó con autoridades de institutos de investigación y universidades para lograr que se recupere el tema en la versión definitiva.
 En esa coordinación participaron inicialmente el Dr. Conrado Seminario (IPEN), el Dr. Manuel Chang (IGP), y el Ing. Juan Barreda (INICTEL). Luego participaron el Ing. Hugo Sarabia (PUCP), el Arq. Javier Sota (UNI), entre otros. Las autoridades enviaron un oficio al presidente del CCD, lográndose finalmente que se incluya una valiosa frase en la nueva Constitución: «Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico en el país». Es de esperar que ese éxito en favor de la ciencia se concrete en dispositivos legales promotores de este sector fundamental para el futuro de la Nación.
 Es cierto que hay problemas urgentes que resolver. Pero, ¿qué tema podría ser más importante que asegurar los mecanismos para que el país genere productos tecnológicos de alta competitividad? Y ello sólo se puede lograr con la formación de investigadores científicos y tecnológicos con niveles de excelencia, que dispongan de una infraestructura adecuada para avanzar a la misma velocidad o más rápidamente que los demás países de la región. Por ello es trascendente que la propuesta de un plan para el desarrollo científico y tecnológico sea atendida con una prioridad adecuada. ¿Cuál será el resultado?